17 Abr AMBE se une en el Congreso a una alianza de 15 entidades para fortalecer el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible
Este encuentro, que reunió a representantes de partidos políticos, responsables ministeriales y expertos, tuvo como objetivo debatir sobre los impactos y soluciones del actual sistema de transporte y movilidad, así como sobre las carencias del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria.
Desde AMBE, se destaca la importancia de que la ley reconozca la movilidad como un derecho fundamental. Sin embargo, hace hincapié en la necesidad de garantizar que este derecho se oriente hacia una movilidad sostenible, accesible, saludable y segura. Para ello, es crucial asignar los recursos necesarios para el desarrollo de medidas concretas de fomento del uso de la bicicleta: priorizar los desplazamientos a pie y en bicicleta en el ámbito urbano, dotando a las políticas de apuesta por la movilidad activa de los recursos necesarios. Así mismo, priorizar la planificación, financiación y desarrollo de infraestructuras ciclistas (redes de carriles bici, aparcamientos seguros y sistemas de bicicleta compartida), así como incentivos para el acceso a la bicicleta: reducción del IVA, ayudas a la compra de bicicletas e incentivos fiscales por ir en bicicleta al trabajo o flotas de bicicletas para empresas.
«Durante el debate en el Congreso pudimos ver un gran consenso entre los grupos políticos, la administración y los expertos, a la propuesta de priorizar la movilidad activa (a pie y en bicicleta) en nuestros pueblos y ciudades de cara a garantizar una movilidad más sostenible, saludable y segura. Sin embargo, la ley aún debe ser más ambiciosa y abordar la financiación de estas políticas y el despliegue de todo el potencial que la bicicleta tiene para la movilidad en nuestro país» indicó Jesús Freire, secretario general de AMBE.
Carencias del Proyecto de Ley
Entre las carencias identificadas en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, las 15 entidades ciclistas, asociaciones juveniles, de trabajadores y empresas destacan la falta de objetivos concretos en materia climática y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este sentido, no se incluye en el articulado la obligación de alcanzar la neutralidad climática del sector transporte-movilidad para el año 2050, ni se establecen objetivos intermedios de reducción de emisiones para los años 2030 y 2040. Además, el proyecto no contempla objetivos específicos de reducción de la contaminación atmosférica causada por el sector transporte.
Otra de las deficiencias señaladas es la falta de un esquema estable de financiación del transporte público, dejando esta cuestión a discreción del Gobierno de turno. Esta situación supone un obstáculo importante para la promoción de un transporte público eficiente y accesible para toda la ciudadanía.
En respuesta a estas carencias, las entidades participantes han presentado propuestas de mejora al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ante los ministerios pertinentes y los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. El objetivo es asegurar que la ley finalmente adoptada sea un instrumento eficaz para la consecución de un sistema multimodal de transporte descarbonizado, saludable, eficiente, sostenible, justo e inclusivo en España.
Mesa redonda ‘Retos y beneficios ambientales, sanitarios y económicos de la movilidad sostenible’
Durante la mesa redonda organizada para debatir sobre el proyecto de ley de movilidad sostenible, varios expertos compartieron sus aportaciones sobre el transporte en España. Eduardo González Fernández, Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático en la Oficina Española para el Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, enfatizó la necesidad de migrar de los combustibles fósiles a vectores energéticos más sostenibles.
Por su parte, Álvaro Fernández, Secretario General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, destacó que la ley debe ser un pacto social amplio que responda a las necesidades de la ciudadanía. Además, resaltó que esta ley reconoce por primera vez el derecho a una movilidad sostenible y establece un marco de gobernanza que involucra a la ciudadanía en el sector.
Héctor Tejero, Responsable de Salud y Cambio Climático en el Gabinete de la Ministra de Sanidad, subrayó la estrecha relación entre la movilidad y el cambio social, participó haciendo hincapié en la importancia de diseñar nuestras ciudades de manera inclusiva y sostenible. También señaló que, si bien ninguna ley puede resolver todos los problemas de manera instantánea, esta ley representa un avance significativo en el desafío de la movilidad sostenible.
Xaquín García-Muros, Investigador Asociado en BC3 Basque Centre for Climate Change, resaltó la necesidad de abordar la vulnerabilidad en el transporte, especialmente en áreas rurales, donde la descarbonización presenta mayores desafíos. Destacó la importancia de identificar hogares vulnerables, establecer estrategias específicas y proporcionar los recursos necesarios para abordar esta situación.
El evento concluyó con una mesa redonda sobre la descarbonización del modelo de movilidad, en la que participaron portavoces de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, representando a la práctica totalidad de los grupos políticos del Congreso. Esta mesa redonda proporcionó un espacio importante para el intercambio de ideas y propuestas sobre el futuro de la movilidad sostenible en España.
El debate y las intervenciones realizadas durante este evento reflejan la importancia de abordar de manera integral los desafíos asociados a la movilidad sostenible, así como la necesidad de un compromiso conjunto de diferentes actores para impulsar el cambio hacia un sistema de transporte más limpio, eficiente y equitativo.